PROYECTO
DE LEY
PROMOCIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES
DEL ESTADO.
Expediente
N°
ASAMBLEA
LEGISLATIVA:
La
participación ciudadana constituye el derecho
de la
colectividad para involucrarse en los asuntos que le atañen de
manera particular, o bien, en forma general; además, se considera un
deber el
participar en los asuntos públicos, y contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes y la preservación del medio
natural.
La
participación ciudadana significa descentralizar responsablemente la
toma de decisiones, valorando las opciones y restricciones en el
nivel nacional, regional y local. También significa coordinar
acciones entre las comunidades, las empresas, las instituciones y las
organizaciones de la sociedad civil; de este modo, un elemento de
mucha importancia en la participación ciudadana, es la capacidad de
control y de fiscalización de los planes propuestos por parte de las
instituciones estatales.
Las
comunidades y las organizaciones civiles demandan hoy nuevas rutas
para manifestarse y transformar la sociedad, las cuales superen la
democracia representativa. La gente dispone de su capacidad de
influir en los procesos de toma de decisiones y de actuar en la
construcción de su futuro, el de su comunidad y el del país.
La
ciudadanía debe integrarse, individual o colectivamente, en la toma
de decisiones, la fiscalización, el control y la ejecución de las
acciones en los asuntos públicos y privados que la afectan. La
participación ciudadana es un requisito para alcanzar un desarrollo
humano con sostenibilidad ambiental.
Un
país movido por la participación ciudadana comprometida,
transformadora y vigilante, con partidos políticos verdaderamente
representativos y organizaciones de la sociedad civil informadas,
pujantes, abiertas y democráticas, constituye un país que apuesta
al verdadero desarrollo.
Ser
competitivos es contar con una educación de alta calidad, con
moderna atención de la salud, con procesos judiciales oportunos y
transparentes y con relaciones armoniosas con el ambiente. Consiste
también en respetar los derechos de las personas trabajadoras,
reconocer y apoyar la labor del empresariado, impulsar la capacidad
emprendedora de la juventud en la creación de empresas, garantizar
la transparencia y ética de la función pública, respetar las leyes
y abrir los espacios necesarios para la construcción de una mejor
sociedad.
Desafortunadamente,
la transparencia y la ética en la función pública, han venido a
menos durante las últimas décadas. Durante los últimos 30 o 40
años, se ha evidenciado un franco deterioro en el servicio de muchas
instituciones públicas. Son miles y miles de gestiones que realiza
la ciudadanía en las que existe, de previo, el pago de un soborno.
No obstante, estos casos se empequeñecen en comparación con las
grandes estafas cometidas contra el Estado por parte de los que se
supone que deben defender los intereses de este y, por ende, el de
todos los ciudadanos, solo basta con mencionar los eventos más
recientes: el caso Caja- Fischel, y el caso de ICE-ALCATEL.
El
pueblo costarricense está cansado de los actos que se ejecutan bajo
el marco de la legalidad, pero que de alguna manera desvían su
rumbo; por ejemplo, se tiene por caso el dinero que se recauda para
unos efectos y se dirige otros propósitos diferentes, como ocurre
con el impuesto al ruedo y los impuestos a los combustibles, los
cuales no se usan en la manutención y construcción de nuevas vías,
o bien, ocurre la subejecución presupuestaria en ciertos campos, tal
como la educación.
El
caso de las municipalidades resulta especialmente relevante, sobre
todo en momentos en que los gobiernos locales van adquiriendo mayor
importancia y manejan mayores presupuestos.
El
control y la fiscalización, de parte de los ciudadanos, en cuanto a
las metas y los planes propuestos en cada institución pública se
yergue como un pilar de la transparencia en el uso de los recursos
públicos y como el corolario de las promesas políticas. Sin este
mecanismo no hay verdadero desarrollo.
